Desde la Asociación Refugiados Rifeños en España, queremos aclarar a los políticos murcianos y a la opinión pública la versión real del edificio abandonado de la zona del barrio San Pío, Murcia.

Primero hay que señalar que los que habitan el edificio no son ocupas, más bien son inmigrantes y refugiados sin techo, víctimas del abandono de las Instituciones locales y nacionales. Muchas de estas personas estaban en programas de acogida de las ONGs y, dadas las circunstancias y a la saturación de las Administraciones, los han sacado fuera del programa. Se han encontrado en la calle y con la prohibición de estar en la calle al mismo tiempo durante el confinamiento. Si querían cumplir con los requerimientos sanitarios y las órdenes del Estado, que pedía a la ciudadanía el confinamiento total, no tenían otra solución que meterse en un edificio abandonado.

El exalcalde pedáneo de San Pio y vocal en la Junta Municipal, José Liza, denuncia que se han metido decenas de personas a vivir sin ningún tipo de seguridad, y propone como solución el desalojo inmediato y el saneamiento del edificio. No es propio de una política democrática ver a personas sin techo y con dificultades, y negarles todo tipo de ayuda. Una solución ante un problema de este calibre propia de una sociedad democrática no puede pasar por expulsarlos a la calle de nuevo. Entre las personas que habitan este edificio hay inmigrantes con tarjeta de residencia en vigor, pero no han encontrado a ningún propietario dispuesto a alquilarles una casa, hay solicitantes de asilo político con tarjetas en vigor que no han tenido todavía respuesta alguna de la Administración. Es una responsabilidad del Ayuntamiento la urgencia de una alternativa a estas personas. Miembros de nuestra asociación, junto a un grupo de voluntarios de los barrios de Murcia hemos podido llevar a ellos comida, ropa, mascarillas, productos de higiene y demás artículos de primera necesidad. Algunos abogados voluntarios han ofrecido orientación jurídica a 46 de ellos.

Desde esta plataforma ciudadana se intenta aportar soluciones y ayudas a los inmigrantes y refugiados que se han visto en la obligación de refugiarse, una vez más también en este país, donde buenamente han podido. Creemos también que es nuestro deber condenar el abandono de las Instituciones a estas personas, denunciar los recortes o incluso el cese de los programas de acogida que han dejado en la estacada a cientos de personas sólo en esta Comunidad, negándoles el seguimiento a sus procesos de integración, tan necesarios para conseguir una vida digna. No podemos consentir este resultado. Permitir que una persona esté sin trabajo y sin alojamiento en estos momentos es inhumano y peligroso, tanto para ellos como para el resto de la población, y pedimos alternativas urgentes para estas personas que viven en una situación precaria, ofreciéndoles alojamientos y programas de acogida para una integración verdadera.